Las peleas callejeras que protagonizaron estudiantes del nivel secundario en el centro tucumano encendieron alertas en otros municipios. Tal es el caso de Yerba Buena, donde las autoridades municipales resolvieron adherir al decreto del gobernador, Osvaldo Jaldo, para frenar los episodios de violencia entre los jóvenes.
Cabe recordar que Jaldo firmó el decreto que ordena a la Policía detener a los estudiantes por peleas callejeras. Además, el mandatario provincial ratificó la decisión de sancionar a los padres de los chicos involucrados y a los colegios a los que pertenecen.
Ahora, el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, firmó un decreto municipal de adhesión a las medidas dispuestas por el gobernador Jaldo. Este instrumento legal hace referencia a que los incidentes ponen en riesgo la vida y seguridad de quienes participan y del resto del alumnado que pertenecen a una institución determinada, como así también de los ciudadanos que se encontraren en sus inmediaciones.
La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Jaldo había recordado que en 2017 ocurrieron hechos similares que concluyeron con la muerte del joven Matías Albornoz Piccinetti, de 17 años, en el microcentro de San Miguel de Tucumán. El decreto de Yerba Buena también hizo mención a ese hecho trágico.
"La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -dice el decreto de Yerba Buena- prevé la responsabilidad de los organismos del Estado en la formulación y ejecución de políticas públicas para mantener siempre el interés de las personas".
Además, el gobernador Jaldo determinó que las instituciones educativas deberán implementar dentro de sus establecimientos las medidas tendientes a garantizar, la vigilancia de toda conducta, acto o situación de vandalismo; y a disponer las medidas disciplinarias pertinentes.
En tanto que el decreto municipal "dispone la adhesión de la Municipalidad de Yerba Buena al decreto 1290/1 emitido por el gobierno de Tucumán en todas y cada una de sus partes".
En el decreto de Jaldo se instruye a los establecimientos educativos -de gestión publica y gestión privada- a los que pertenezcan los alumnos involucrados a adoptar las medidas disciplinarias de expulsión, pudiendo la Provincia de Tucumán, en caso de tratarse de instituciones que reciban subsidios y aportes del Estado, disponer la quita de los subsidios.